Sentencia nº SUP-AES-031-2001 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Agosto de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43534481

Sentencia nº SUP-AES-031-2001 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Agosto de 2001

Ponente:Leonel Castillo González
Fecha de Resolución:28 de Agosto de 2001
Emisor:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior
Entidad:Jalisco
Tipo de proceso:Asuntos especiales
RESUMEN

Solicita Opinión Respecto de Una Acción de Inconstitucionalidad

 
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EXPEDIENTE: SUP-AES-031/2001. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 30/2001 Y SU ACUMULADA 31/2001, PROMOVIDAS POR LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.

OPINIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL SEÑORMINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DON JOSÉ DE J.P., CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68, PÁRRAFOSEGUNDO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DELA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Previamente a cualquier pronunciamiento, debe precisarse queel objeto de la opinión prevista en el artículo 68, párrafo segundo, de laLey Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su calidad deórgano especializado en la materia, proporcione al más alto tribunal del paíslos mayores elementos posibles para el examen y solución de las cuestionesplanteadas en la acción de inconstitucionalidad de que se trate; por tanto, lasopiniones que al respecto se emitan, deben concretarse a los tópicosespecíficos o estrechamente vinculados a la materia electoral.

Por lo anterior, la opinión que aquí se vierta, únicamenteversará respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo69, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Política del Estado deJalisco; así como del artículo 78, párrafos primero y segundo, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de esa propia entidad, modificados mediante reformade junio del presente año. Así, no serán objeto de la presente opinión, losefectos que los partidos políticos actores pretenden que se le dé a lasentencia, para el caso de resultar procedentes los motivos de invalidezplanteados en sus respectivas demandas, porque esto no constituye cuestiónespecífica con particularidades propias y exclusivas de la materia electoral,sino que pertenecen al ámbito general del derecho procesal, específicamente alos efectos de las sentencias pronunciadas en las acciones deinconstitucionalidad.

Pues bien, de las respectivas demandas se advierte que lospartidos políticos actores impugnan las reformas de diecisiete de julio delaño en curso, publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco,respecto de los artículos 69 de la Constitución Política del Estado deJalisco, y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa propia Entidad.

En los conceptos de invalidez, esencialmente aducen losactores que en la reforma al artículo 69 de la Constitución Local, sesuprimió el derecho de reelección e inamovilidad, que ese propio precepto,antes de la reforma, reconocía a los magistrados del Tribunal Electoral delPoder Judicial del Estado; que en el artículo 78 de la Ley Orgánica del PoderJudicial del Estado, también reformado, se prohíbe expresamente la reeleccióne inamovilidad de dichos magistrados; que lo anterior, resulta violatorio de losartículos 17, párrafos segundo y tercero, y 116, fracciones III, párrafossegundo, cuarto y quinto, y IV, inciso c), de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, toda vez que la posibilidad de reelección de losmagistrados de los Poderes Judiciales de los Estados, es un derecho establecidoexpresamente por la Norma Suprema, cuyo objetivo es salvaguardar la garantía deestabilidad o seguridad en el cargo, y contribuye a la independencia yautonomía de dichos órganos jurisdiccionales.

El artículo 17 de la Constitución Política de Los EstadosUnidos Mexicanos, consagra, por una parte, la garantía de acceso a la justicia,determinando que habrá tribunales que estarán expeditos para impartirla,emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. E. párrafo del propio precepto, impone a las legislaturas locales yfederales, que establezcan en las leyes respectivas, los medios necesarios paraque se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuciónde sus resoluciones.

Mientras tanto, la fracción III del artículo 116 de lapropia N.S., que proviene de la reforma constitucional publicada en elDiario Oficial de la Federación de diecisiete de marzo de mil novecientosochenta y siete, y que establece el régimen constitucional del Poder Judicialde los Estados, consagra una serie de garantías a favor de los magistradosintegrantes de los tribunales de dicho poder, como se detalla enseguida:

  1. El constituyente local será quien establezca, en laConstitución del Estado, cuáles tribunales ejercerán el Poder Judicial en laentidad.

  2. Se deberá garantizar la independencia de losmagistrados en el ejercicio de sus funciones, y se establecerán condiciones deingreso, formación y permanencia en el cargo.

  3. En los nombramientos de los magistrados, tendránpreferencia las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia yprobidad en la administración de justicia.

  4. En la Constitución del Estado se deberá determinarel tiempo que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo; podránser reelectos, y si lo fueren, sólo serán privados de sus puestosen los términos que determinen la propia Constitución Estatal y la Ley deResponsabilidad de los Servidores Públicos de la respectiva Entidad.

Las anteriores precisiones permiten establecer, que la NormaSuprema consagra la garantía de estabilidad o seguridad en el ejercicio delcargo de los magistrados de los Poderes Judiciales de cada Entidad Federativa.

Dicha garantía se manifiesta a partir de que la normafundamental exige que en las Constituciones locales se determine: 1. Elperiodo de ejercicio del cargo de magistrados, lo que quiere decir, que duranteese periodo no podrán ser removidos arbitrariamente; 2. La posibilidadde que sean ratificados al término del periodo para el que se les designó, loque implica que en función de su desempeño la ratificación puede o nootorgarse, y 3. La inamovilidad, que se logra una vez obtenida laratificación del cargo, y significa que los magistrados sólo podrán serprivados de su cargo, en los términos que determinen las propias Constitucionesy las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.

Esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya seha pronunciado sobre el tópico de la garantía de permanencia o seguridad en elcargo de los magistrados de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas,consagrada por el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, estableciendoque el respeto de esa garantía contribuye al fortalecimiento de laindependencia y autonomía del propio Poder Judicial, lo que es acorde a laexigencia establecida en el artículo 17 del propio ordenamiento.

Ahora bien, mediante decreto publicado en el Diario Oficialde la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, sereformaron y adicionaron una serie de preceptos de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, que originaron la consecución de...

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