Sentencia nº SUP-RAP-179-2014 DE Sala Superior, 6 de Febrero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 591499734

Sentencia nº SUP-RAP-179-2014 DE Sala Superior, 6 de Febrero de 2015

Entidad:FEDERAL
Ponente:FLAVIO GALVÁN RIVERA
Actor:PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Tipo de proceso:Recurso de apelación
Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 2015
Emisor:Sala Superior
RESUMEN

RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-179/2014. RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

 
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SUP-RAP-0179-2014

RECURSO DE APELACIÓN EXPEDIENTE: SUP-RAP-179/2014 RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA SECRETARIO: GENARO ESCOBAR AMBRIZ

México, Distrito Federal, a seis de febrero de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-179/2014,

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir la resolución identificada con la clave INE/CG217/2014, de veintidós de octubre de dos mil catorce, "… RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN

CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL TRECE", y R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el partido político recurrente hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos del recurso al rubro indicado, se advierte lo siguiente:

1. Reforma constitucional en materia político-electoral. El vigente artículo 41, párrafo segundo, Base V,

Apartado B, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la facultad de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos.

2. Informe anual de dos mil trece. El dos de abril de dos mil catorce, el Partido Revolucionario Institucional presentó su informe anual de ingresos y egresos, correspondiente al ejercicio dos mil trece.

3. Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Titulo Segundo, Capítulos IV y V, se establecen, respectivamente, el ámbito de competencia de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

4. Integración de la Comisión de Fiscalización.

El seis de junio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la integración de la Comisión de Fiscalización.

5. Normas de transición en materia de fiscalización. El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo identificado con la clave INE/CG/93/2014, por el que determinó las normas de transición aplicables en materia de fiscalización.

6. Dictamen consolidado. El ocho de octubre de dos mil catorce, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen consolidado que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización, con motivo de la revisión del Informe Anual 2013, presentado por los partidos políticos nacionales, así como el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el citado Dictamen Consolidado.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos, en lo general, respecto de la conclusión 64 del dictamen del Partido Revolucionario Institucional y su correspondiente sanción, se declaró empate en la votación.

7. Acuerdo controvertido. En sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG217/2014, "… RESPECTO DE

LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL TRECE".

En lo que interesa, el punto resolutivo segundo del acuerdo mencionado es al tenor siguiente:

SEGUNDO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 10.2 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

  1. Una multa consistente en 3,545

    (tres mil quinientos cuarenta y cinco) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $229,574.20 (doscientos veintinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.), por 47 faltas formales.

  2. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusiones 58, 72 y 89

    Conclusión 58

    Una multa consistente en 2,792 (dos mil setecientos noventa y dos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil trece, equivalente a

    $180,809.92 (ciento ochenta mil ochocientos nueve pesos 92/100

    M.N.).

    Conclusión 72

    Una multa consistente en 7,663

    (siete mil seiscientos sesenta y tres) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil trece, misma que asciende a la cantidad de $496,255.88 (cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

    Conclusión 89

    Una multa consistente en 1,398 (mil trescientos noventa y ocho) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $90,534.48 (noventa mil quinientos treinta y cuatro 48/100 M.N.).

  3. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusión 84

    La reducción del 0.26% (cero punto veintiséis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $2,648,925.92 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos 92/100 M.N.).

  4. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusión 93

    La reducción del 0.15% (cero punto quince por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $1,546,705.50 (un millón quinientos cuarenta y seis mil setecientos cinco pesos 50/100 M.N.).

  5. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusión 97

    Una multa consistente en 9,309

    (nueve mil trescientos nueve) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $602,850.84 (seiscientos dos mil ochocientos cincuenta pesos 84/100

    M.N.).

  6. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusiones 24, 25, 27, 61, 64, 77 y 95

    Conclusión 24

    Una multa consistente en 672

    (seiscientos setenta y dos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $43,518.72 (cuarenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 72/100

    M.N.).

    Conclusión 25

    Una multa consistente en 398

    (trescientos noventa y ocho) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $25,774.48 (veinticinco mil setecientos setenta y cuatro pesos

    48/100 M.N.).

    Conclusión 27

    La reducción del 0.09% (cero punto nueve por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $938,580.94

    (novecientos treinta y ocho mil quinientos ochenta pesos 94/100 M.N.).

    Conclusión 61

    Una multa consistente en 8,615 (ocho mil seiscientos quince) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $557,907.40 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos siete pesos 40/100 M.N.).

    Conclusión 64

    La reducción del 0.46% (cero punto cuarenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $4,747,793.61 (cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres 61/100 M.N.).

    Conclusión 77

    Una multa consistente en 3,397 (tres mil trescientos noventa y siete) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a

    $219,989.72 (doscientos diecinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos

    72/100 M.N.).

    Conclusión 95

    La reducción del 0.64% (cero punto sesenta y cuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $6,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

  7. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusión 20

    La reducción del 0.25% (cero punto veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $2,557,100.00 (dos millones quinientos cincuenta y siete mil cien pesos 00/100 M.N.).

  8. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusiones 40 y 43.

    Conclusión 40

    La reducción del 0.07% (cero punto cero siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $759,220.00 (setecientos cincuenta y nueve mil dos cientos veinte pesos 00/100 M.N.).

    Conclusión 43

    La reducción del 0.66% (cero punto sesenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $6,832,980.00 (seis millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

    II. Recurso de apelación. Disconforme con la resolución identificada con la clave INE/CG217/2014, precisada en el apartado siete (7), del resultando primero (I) que antecede, el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó, en la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del mismo Instituto, escrito por el cual promovió recurso de apelación.

    III. Trámite y remisión de expediente. Llevado a cabo el trámite correspondiente, el cinco de noviembre de dos mil catorce, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió, mediante oficio INE/SCG/3362/2014, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, el expediente INE-ATG-125/2014, integrado con motivo del recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional.

    Entre los documentos remitidos obran el escrito original de demanda de apelación y el respectivo informe circunstanciado.

    IV. Registro y turno a Ponencia. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-RAP-179/2014, con motivo de la promoción del recurso de apelación mencionado en el resultado II que antecede.

    En su oportunidad, el expediente fue turnado a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

    V. Radicación. Por auto de seis de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, del recurso de apelación que motivó la integración del expediente SUP-RAP-179/2014, para su correspondiente substanciación.

    VI. Admisión. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Flavio Galván Rivera, al considerar que estaban satisfechos los requisitos de procedibilidad, admitió la demanda de recurso de apelación que se resuelve.

    VII. Cierre de instrucción. Por auto de seis de febrero de dos mil quince, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual el recurso quedó en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia, y C O N S I D E R A N D O

    PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción I, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 40, párrafo 1, inciso b) y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación promovido por un partido político para controvertir un resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano central de esa autoridad electoral administrativa.

    SEGUNDO. Marco normativo. Como cuestión previa, se debe precisar que el ordenamiento jurídico sustantivo que servirá de base para resolver la controversia planteada, es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no así la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones siguientes.

    Es el caso que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el mismo diario el catorce de enero de dos mil ocho, así como sus reformas y adiciones.

    En el particular, el Partido Revolucionario Institucional controvirtió la resolución relativa a la revisión de los informes de los ingresos y gastos de los partidos políticos correspondiente al dos mil trece, es decir, de un ejercicio anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

    En consecuencia, dado que la revisión de los informes es respecto del año dos mil trece, durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente abrogado, se debe aplicar ese ordenamiento legal para la resolución del recurso de apelación en que se actúa.

    Al efecto, se debe precisar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG93/2014 por el cual se determinan normas de transición en materia de fiscalización y que establece en el punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción III, lo siguiente:

    SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de fiscalización en los términos siguientes:

    (…)

  9. Por lo que hace a las normas de transición competenciales.

    II…

    III.- La Unidad Técnica de Fiscalización revisará los informes anuales correspondientes al origen, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2013 con base en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalización vigente.

    No obstante lo anterior, la presentación del Dictamen Consolidado y el respectivo proyecto de Resolución se presentarán ante el Consejo General en septiembre de 2014, por lo que deberán ser aprobados por la Comisión de Fiscalización, de conformidad con el inciso h) del artículo 192, numeral uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

    Además, en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, se prevé que los asuntos que estén en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

    Finalmente, esta Sala Superior no advierte disposición sustantiva alguna de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor a partir del veintitrés de mayo del dos mil catorce, cuya aplicación retroactiva pueda ser más benéfica para el justiciable, que las disposiciones sustantivas del código electoral abrogado, ni tampoco obra en autos afirmación alguna de las partes en ese sentido.

    TERCERO. Conceptos de agravio. En su escrito de demanda, el partido político recurrente expresa los siguientes argumentos como conceptos de agravio:

    AGRAVIOS

    PRIMERO.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues es violatoria de lo dispuesto en los artículos 14; 16; 17; y 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que, desde nuestra perspectiva, la resolución que se combate carece de la debida fundamentación y motivación, principios constitucionales que obligan a que todo acto de autoridad, incluyendo las resoluciones que emita el Instituto Nacional Electoral, satisfaga el requisito de contar con una fundamentación y motivación correcta, suficiente y debida.

    En efecto, causa agravio a mi representado el hecho de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya efectuado un análisis equívoco, incompleto y sesgado del Informe Anual de Ingresos y Egresos, correspondiente al ejercicio de 2013 (lo que significa una indebida motivación de la resolución reclamada) por lo que, en nuestro concepto, se vulnera de manera preponderante el principio de legalidad que se encuentra obligada a observar la autoridad responsable.

    Se sostiene lo anterior en virtud de que indebidamente (como se constata en los apartados que más adelante se transcriben), la autoridad administrativa electoral determina que mi representado vulneró los bienes jurídicos tutelados por el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización aplicable toda vez que, según afirma:

    […]

    "... presentó recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a través de fichas de depósito en efectivo. Dicho de otra manera, el partido en comento recibió un recurso por un medio expresamente prohibido en la ley de la materia, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos..."

    […]

    Sin embargo, en nuestra opinión, tal conclusión resulta errónea, pues deriva de una errónea interpretación, aplicación y alcance de la noma que se cita como vulnerada, lo que la conduce a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como se evidenciará

    en los párrafos subsiguientes. Además de lo anterior, desde nuestra perspectiva, la responsable realiza una indebida calificación de la supuesta falta e impone una sanción pecuniaria absolutamente desproporcionada.

    FUENTE DEL AGRAVIO

    La constituye el resolutivo identificado como SEGUNDO de la resolución que se combate, por lo que refiere a la CONCLUSIÓN 93, así como las consideraciones que son realizadas en el apartado identificado como Considerando 10.2 Partido Revolucionario Institucional (así como los correlativos del Dictamen Consolidado) y que, en lo conducente, refieren:

    […]

    En consecuencia, este Consejo General ordena el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos realizados por el partido político, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

    RESUELVE

    (...)

    SEGUNDO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 10.2 de la presente Resolución, se imponen al Partidlo Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

    (...)

  10. Falta de carácter sustancial o de fondo:

    conclusión 93

    La reducción del 0.15% (cero punto quince por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de

    $1,546,705.50 (un millón quinientos cuarenta y seis mil setecientos cinco pesos 50/100 M.N.).

    CONSIDERANDO

    (...)

    10.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

    Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual del aludido partido político nacional correspondiente al ejercicio 2013, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

    En este orden de ideas, el estudio de las diversas irregularidades que se consideren formales se hará en un solo apartado, englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que con dichas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de sus ingresos y gastos.

    Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, son las siguientes:

    (...)

    Conclusión 93

    "93. El partido presentó recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a través de fichas de depósito en efectivo, por un importe de $773,352.75, integrado por los siguientes montos: $512,127.75

    + $64,444.00 + $157,300.00 + $26,881.00 +$12,600.00.

    Tal situación constituye, a juicio de la Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 356, numeral 1, inciso a), en relación con el 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."

    I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES

    REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

    - Por lo que hace al importe de $512,127.75

    De la revisión a la cuenta "Cuentas por Cobrar", subcuenta "Gastos por Aplicar", sub-subcuenta "Anticipo de Nómina", se identificaron pólizas que presentaban como soporte documental una relación de las personas a las que se les otorgó un adelanto de nómina correspondiente a la 1ra. quincena de septiembre de

    2013, por medio de transferencia electrónica; sin embargo, se identificó

    la devolución de recursos a través de fichas de depósito en efectivo que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que en el año de 2013 equivalía a $6,476.00 (64.76 x100)

    debiendo ser con cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del trabajador. A continuación se detalla el caso en comento:

    COMITÉ REFERENCIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DEL ANTICIPO DE NOMINA IMPORTE DEL ANTICIPO DE NOMINA RECURSOS DESCONTADOS POR NOMINA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS ANTICIPO
    EFECTIVO (FICHA DE DEPÓSITO) TRANSFERENCIA BANCARIA TOTAL
    A B C D=(B+C) E=A+D
    CEN PD-14/09-13 $1,340,941.47 $97,729.40 $1,222,047.44 $21,164.63 $1,243,212.07 $1,340,941.47
    ANEXO 5 (1)

    Convino mencionar que las transacciones económicas que lleven a cabo los partidos, que generen un derecho exigible a su favor, deberán estar respaldadas con la documentación que señalen las disposiciones legales correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro para el sujeto obligado y, la obligación de pago a cargo del deudor.

    De igual forma, se señaló que los depósitos en efectivo que debieron ser con cheque o transferencia electrónica correspondían a los señalados con (1) en el Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/0701/14.

    En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

    - La documentación soporte correspondiente a los préstamos que ampararan el reconocimiento del adeudo por parte del personal que se le descontó por nómina, anexos a su respectiva póliza, como se señala en la columna (A) del cuadro que antecede.

    - Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 31, 33 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

    Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15

    del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    Referente a la observación de Verificación documental, numeral 1, se remite en Apartado 11, 83 recibos en original, así como recibos de reconocimiento de adeudo debidamente firmados.

    Adicional a ello, se envía el desglose de los recursos recuperados vía nómina; y las pólizas originales que amparan los registros contables PD 5-Sep/14, PD 7-Sep/14, PD 21-0ct/14,

    PD 23-Oct/U, PD 5-Nov/14.

    Respecto a los militantes señalados con

    (1), el partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que los militantes no cuentan con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo.’

    De la revisión a la documentación y aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

    Por lo que respecta a las recuperaciones realizadas vía nómina, se presentaron los recibos que acreditaban un derecho de cobro a favor del partido; así como, los recibos que avalaron que la recuperación se realizó vía nómina; por tal razón, la observación quedó subsanada respecto a este punto.

    Respecto a las devoluciones de recursos a través de fichas de depósito en efectivo señaladas con (1) en la columna

    ‘Referencia’ del Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/1483/14, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señaló

    esta autoridad; debido a que los militantes no contaban con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera y por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionaban las referencias bancarias del mismo; la normatividad es clara al establecer que en los depósitos por recuperaciones se tiene que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo cobros que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por lo tanto, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo la normatividad aplicable, convino señalar que al ser un

    ‘Anticipo de Nómina’, y al reportar los pagos por este concepto vía dispersión debió en su caso descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75 en cuanto a este punto.

    En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 33 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de fecha 27 de agosto de 2014, recibido por Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Respecto a esta observación, conviene aclarar que con base a lo establecido en el artículo 33 numeral 2

    incisos (sic) (A), del Reglamento de fiscalización, señala lo siguiente:

    ‘Los cobros recibidos no rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo’.

    A lo anterior se señala que el partido recibió recursos en efectivo la cantidad (sic) de $512,127.75; sin embargo, fueron realizados en un total de 62 operaciones individuales, y que en suma únicamente esta por arriba de lo que señala el artículo de referencia la cantidad de $110,615.75, según relación anexa en Apartado

    11."

    De lo manifestado por el partido respecto a las 62 devoluciones observadas por la autoridad identificadas con (1) en la columna "Referencia Dictamen" del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que recibió la totalidad de los depósitos en efectivo mismos rebasaron el equivalente a cien días de salario mínimo, los cuales no se realizaron mediante cheque o transferencia que permitiera identificar plenamente el origen del recurso como lo establece la normatividad, aunado a que debió

    asegurarse que cada una de las recuperaciones al ser un "Anticipo de Nómina" y reportar los pagos por este concepto vía dispersión pudo descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75.

    En consecuencia, al recibir recuperaciones

    (depósitos) en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a través de fichas de depósito por

    $512,127.75, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión Final 93)

    - Por lo que hace al importe de $64,400.00

    De la revisión a la cuenta "Cuentas por Cobrar", varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental recibos de caja y fichas de depósito por concepto de recuperaciones en efectivo de adeudos, que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año

    2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

    COMITÉ CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA REFERENCIA CONTABLE RECIBO DE CAJA FECHA DEL DEPÓSITO CONCEPTO IMPORTE NO. DE CHEQUE ENTREGADO AL DEUDOR
    CEN 103-1030-0124-0001 Toledano Landero Jesús Eduardo PI-1/7-13 1068 30-01-13 Devolución en efectivo de la segunda quincena del mes de diciembre de nómina del 2012 $14,444.00  
    SUBTOTAL 14,444.00  
    103-1036-0140-0001 Brindis Martínez Daniel PI-53/11-13 1582 27-11-13 Devolución de recursos no utilizados sobre el cheque 36310, por concepto de fondo fijo 30,000.00 36310
      PI-17/12-13 1609 09-12-13 20, 000.00
    SUBTOTAL 50,000.00  
    TOTAL $64,444.00  

    En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15

    del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Con respecto a la observación sobre la cuenta 103-1030-0124-0001, a nombre de Toledano Landero Jesús Eduardo, en la cual refleja un depósito en efectivo por la cantidad de

    $14,444.00, por concepto de cancelación de nómina, se aclara que el Ex Militante Colaborador del Partido, no contaba con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.

    En relación al Militante Colaborador Partido (sic) Brindis Martínez Daniel, con cuenta observada

    103-1036-0140-0001, mediante el cheque 36310 recibió $50,000.00 por concepto de asignación de fondo fijo para la Caja General del Partido, mismo que no fue utilizado de manera constante, por lo cual se realizó

    la devolución en dos exhibiciones de $ 30,000.00 y $20,000.00, ya que

    únicamente maneja una cuenta de nómina."

    La respuesta del partido se consideró

    insatisfactoria, aun cuando manifestó que los militantes no contaban con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que

    únicamente manejaban una cuenta de nómina; la normatividad es clara al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

    Derivado de lo anterior, el partido debió

    asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $64,444.00.

    En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de 27

    de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Con respecto a la observación sobre la cuenta 103-1030-0124-0001, a nombre de Toledano Landero Jesús Eduardo, en la cual refleja un depósito en efectivo por la cantidad de

    $14,444.00, por concepto de cancelación de nómina, se reitera que el ex militante colaborador del Partido, no contaba con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.

    En relación al militante colaborador del partido, Brindis Martínez Daniel, con cuenta observada

    103-1036-0140-0001, mediante el cheque 36310 recibió $50,000.00 por concepto de asignación de fondo fijo para la Caja General del Partido, mismo que no fue utilizado de manera constante, por lo cual se realizó

    la devolución en dos exhibiciones de $ 30,000.00 y $20,000.00, se reitera que solo maneja una cuenta de nómina.

    Adiciona/mente, en relación a lo solicitado en los puntos 1 y 2 de lo observado por esta autoridad, el Partido manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $ 64,444.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

    Sin embargo dicha autoridad no agoto (sic)

    el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

    Jurisprudencia 43/2002

    PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES

    ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

    -Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

    De lo manifestado por el partido procede indicar que la autoridad le otorgó la garantía de audiencia que en derecho corresponde para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista las pólizas por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84 del código comicial no proporcionó

    documentación que acreditara su dicho.

    En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo

    44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

    Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización es claro al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

    Derivado de lo anterior, el partido debió

    asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $64,444.00.

    En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante recibos de caja y fichas de depósito por

    $64,444.00 el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 93)

    - Por lo que hace a los importes de

    $157,300.00 y $26,881.00

    De la revisión a las cuentas "Cuentas por Cobrar" y "Anticipos a Proveedores", varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental fichas de depósito de efectivo por concepto de devoluciones de recursos, que superaron los 100

    días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

    COMITÉ CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA REFERENCIA CONTABLE RECHA DE DEPÓSITO CONCEPTO IMPORTE REFERENCIA OFICIO INE/UTF/DA/1483/14 REFERENCIA DICTAMEN
    Sonora 103-1034-0033 Leyva Carreras José Tiburcio PI-2/10-13 31-10-13 Devolución de viáticos $7,300.00 (1) (1)
    Sonora 108-1080-0015 Comisión Federal de Electricidad PI-2/1-13 20-01-13 Deposito por Devolución 26,881.00 (2) (2)
    Tabasco 103-1032-0001 Camarillo CoopAlda Aurora PI-6/11-13 21-11-13 Devolución de gastos a comprobar 1500,000.00 (1) (1)
    TOTAL $184,181.00    

    En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15

    del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Comité Directivo Estatal de Sonora Respecto de la cuenta por cobrar

    103-1034-0033 a nombre de Leyva Carreras José Tiburcio el Partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante colaborador no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera.

    Adicionalmente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarías del mismo.

    Respecto de la cuenta anticipo a proveedores 108-1080-0015 a nombre de Comisión Federal de Electricidad el Partido se encuentra en proceso de recabar la información, por lo que una vez que se tenga será enviada mediante escrito de alcance a esa autoridad electoral.

    Comité Directivo Estatal de Tabasco Respecto de la cuenta por cobrar

    103-1032-0001 a nombre de Camarillo CoopAlda Aurora el Partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos gastos a comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que la militante colaboradora no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera.

    Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarías del mismo."

    Derivado de las aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

    Por lo que se refiere a las devoluciones de recursos en efectivo señaladas con (1) en la columna de "Referencia oficio INE/UTF/DA/1483/14" del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos conforme lo señala esta Autoridad; debido a que los militantes colaboradores no contaban con servicio de banca electrónica o chequera; y por políticas internas y de seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo; sin embargo, la normatividad es clara al establecer que en los depósitos por recuperaciones se tiene que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo los cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por lo tanto, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $157,300.00 en cuanto a este punto.

    Por lo que respecta a la recuperación señalada con (2) en la columna de "Referencia oficio INE/UTF/DA/1483/14" del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró

    insatisfactoria aun cuando manifestó que se encontraba en proceso de recabar la información, y una vez que se tuviera sería enviada mediante escrito de alcance a esta autoridad electoral; sin embargo a la fecha de elaboración del oficio INE/UTF/DA/1483/14 el partido no presentó

    documentación o aclaración alguna; por tal razón, la observación quedó

    no subsanada por $26,881.00 en cuanto a este punto.

    En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de 27

    de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Comité Directivo Estatal de Sonora y Tabasco En relación a lo señalado con (1) en la columna de ‘Referencia’ del cuadro que antecede, mi representado manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $157,300.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

    Sin embargo dicha autoridad no agoto el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

    Jurisprudencia 43/2002

    PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES

    ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

    Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción I V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    Respecto de la cuenta anticipo a proveedores 108-1080-0015 a nombre de Comisión Federal de Electricidad, se reitera, que fueron solicitados al Comité sin embargo a la fecha del presente no se ha recibido."

    De lo manifestado por el partido en relación a las recuperaciones señaladas con (1) en la columna "Referencia Dictamen" del cuadro que antecede, procede indicar que la autoridad otorgó la garantía de audiencia para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista la póliza por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84

    del código comicial no proporcionó documentación que acreditara su dicho.

    En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo

    44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

    Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

    Derivado de lo anterior, el partido debió

    asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $157,300.00.

    Por lo que se refiere a la recuperación señalada con (2) en la columna ‘Referencia Dictamen’ del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que solicitó información al Comité, a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado no se ha recibido aclaración alguna; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $26,881.00

    en cuanto a este punto.

    En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante fichas de depósito de efectivo por $184,181.00

    ($157,300.00+$26,881.00) el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 93)

    - Por lo que hace al importe de

    $12,600.00

    De la revisión a las cuentas "Cuentas por Cobrar" y "Anticipos a Proveedores", varias subcuentas, se observó una póliza que presentaba como soporte documental una ficha de depósito por concepto de devolución de recursos, que superó los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013

    equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), el cual debió realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detalla el caso en comento.

    COMITÉ CUENTA CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA REFERENCIA CONTABLE FECHA DE DEPÓSITO CONCEPTO IMPORTE
    Confederación Nacional de organizaciones Populares 103-1034-0001 Fernández Luque Oscar PI-5/9-13 06-09-13 Devolución de viáticos por comprobar $12,600.00

    En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de 14

    de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "Respecto de la cuenta por cobrar

    103-1034-0001 a nombre de Fernández Luque Oscar, el partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos por comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera.

    Adicionalmente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo"

    La respuesta del partido se consideró

    insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución conforme lo señala la autoridad, debido a que el militante no contaba con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera; sin embargo, la normatividad es clara al establecer que está prohibido que se reciban a través de efectivo los cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $12,600.00.

    En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

    Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

    La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14

    Del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

    Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de fecha 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

    "En relación a lo solicitado por esta autoridad, mi representado manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $ 12,600.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

    Sin embargo dicha autoridad no agoto (sic)

    el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

    Jurisprudencia 43/2002

    PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES

    ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

    Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

    De lo manifestado por el partido procede indicar que la autoridad otorgó la garantía de audiencia para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista la póliza por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84

    del código comicial no proporcionó documentación que acreditara su dicho.

    En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo

    44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

    Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que la normatividad es clara al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está

    prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

    Derivado de lo anterior, el partido debió

    asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $12,600.00.

    En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante una ficha de depósito por $12,600.00 el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

    De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas.

    […]

    Ahora bien, causan agravio a mi representado las conclusiones y determinaciones a las que arribó la autoridad responsable, así como la sanción impuesta pues, desde nuestra perspectiva y en sentido contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, no se vulneraron los bienes jurídicos tutelados por el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización y, en todo caso, de existir alguna irregularidad en las conductas que se le imputan al Partido Revolucionario Institucional, ésta no podría calificarse como falta sustancial.

    Para sustentar lo anterior, me permito desarrollar los siguientes argumentos:

    A) NO SE VIOLENTAN LOS BIENES JURÍDICOS

    TUTELADOS POR LA NORMA QUE SE DICE INFRINGIDA, POR LO QUE LA SUPUESTA

    INFRACCIÓN NO SE ACTUALIZA.

    Se sostiene lo anterior porque, en sentido contrario a lo que afirma la autoridad responsable, no se vulneran los valores o bienes jurídicos tutelados por la norma que se dice infringida.

    Al respecto, dentro de las consideraciones plasmadas por la autoridad responsable, misma que se transcribieron en párrafos precedentes (fracción "II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN", apartado "A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA", en el inciso "e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta", el Consejo General sostuvo que:

    […]

    En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 93 es garantizar la certeza en origen lícito de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.

    En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al Partido Revolucionario Institucional, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la certeza del origen lícito de los recursos con los que contó

    durante un ejercicio determinado.

    En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo cuyo

    objeto infractor concurre directamente en la certeza en el origen lícito de los recursos del Partido Revolucionario Institucional al recibir aportaciones de personas no identificadas.

    Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

    […]

    EL SUBRAYADO ES NUESTRO

    Como se advierte, la autoridad responsable sostiene que el bien jurídico tutelado consiste en garantizar la certeza en el origen lícito de los recursos.

    Ahora bien, dentro de la misma línea argumentativa expuesta por el Consejo General, entre los diversos mecanismos previstos por la normatividad aplicable para garantizar la identificación y el origen lícito de los recursos de los partidos políticos, se encuentra la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización que a la letra indica:

    Artículo 33.

    1. La recuperación o cobro que hagan los partidos, las coaliciones, las agrupaciones y las organizaciones de ciudadanos, de cuentas por cobrar, deberá efectuarse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria a nombre del deudor, debiendo conservar copia del cheque o comprobante de la transferencia que permita identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al deudor.

    […]

    Como se advierte, la teleología de la norma es permitir que se conozca plenamente el origen del recurso y, de esta manera, constatar su licitud. Esto es, la finalidad esencial de la regla no consiste en que la operación se realice a través del sistema bancario, per se, sino que se trata de un mecanismo que coadyuve o permita identificar plenamente a la persona física o moral que entrega el recurso (cuentas por cobrar), que no tenga impedimento legal para efectuar la devolución correspondiente y que lo anterior pueda ser verificado por la autoridad fiscalizadora.

    En efecto, debe tenerse presente que la propia normatividad establece la posibilidad de que se realicen recuperaciones (cuentas por cobrar) sin la necesidad de que éstas se hagan mediante cheque o transferencia bancaria. Lo anterior como se constata en el numeral 2 del artículo 33 del Reglamento de Fiscalización, que enseguida se reproduce:

    Artículo 33.

    1. La recuperación o cobro que hagan los partidos, las coaliciones, las agrupaciones y las organizaciones de ciudadanos, de cuentas por cobrar, deberá efectuarse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria a nombre del deudor, debiendo conservar copia del cheque o comprobante de la transferencia que permita identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al deudor.

    2. Podrán recibir recuperaciones o cobros en efectivo, cuando cumplan con los siguientes requisitos:

  11. Los cobros recibidos no rebasen el equivalente a cien días de salario mínimo;

  12. Hayan estado previamente registrados en la contabilidad; y f) Al momento del origen del registro contable, tengan un deudor cierto y un monto cierto.

    Como se constata con toda claridad, la exigencia de que las recuperaciones (cuando sean superiores a 100 días de salario mínimo) se realicen mediante cheque o transferencia bancaria no es una finalidad en sí misma, sino un medio que coadyuve o permita identificar el origen (deudor) del recurso y la licitud de éste.

    Por lo tanto, en nuestro concepto, la norma jurídica debe ser interpretada en forma sistemática y funcional y, sobre todo, en cuanto a su teleología o finalidad. En este orden de ideas, tal y como ocurre en el presente caso, si de los elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional es posible conocer el origen

    (deudores) del recurso, pues se identificó plenamente a trabajadores, militantes-colaboradores del propio partido y un proveedor (Comisión Federal de Electricidad), y dichos recursos son indudablemente lícitos

    (se trata de devoluciones de anticipos de nómina, de viáticos, de gastos por comprobar y de anticipos a proveedores), no puede estimarse la actualización de la falta que refiere la autoridad responsable, es decir, no puede sostenerse desde ningún punto de vista que se desconozca el origen del recurso o que éste sea ilícito.

    En efecto, en el caso de la cantidad referida en $512,127.75 (quinientos doce mil ciento veintisiete pesos

    75/100 M. N.), la propia autoridad responsable expresa, fundamentalmente, que:

    - Por lo que hace al importe de $512,127.75

    De la revisión a la cuenta "Cuentas por Cobrar", subcuenta "Gastos por Aplicar", sub-subcuenta "Anticipo de Nómina", se identificaron pólizas que presentaban como soporte documental una relación de las personas a las que se les otorgó un adelanto de nómina correspondiente a la 1ra. quincena de septiembre de 2013, por medio de transferencia electrónica; sin embargo, se identificó la devolución de recursos a través de fichas de depósito en efectivo que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que en el año de 2013 equivalía a $6,476.00

    (64.76 x100) debiendo ser con cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del trabajador. A continuación se detalla el caso en comento:

    (...)

    Respecto a las devoluciones de recursos a través de fichas de depósito en efectivo señaladas con (1) en la columna

    ‘Referencia’ del Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/1483/14, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó

    que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señaló esta autoridad; debido a que los militantes no contaban con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera y por políticas...

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