Sentencia nº ST-JDC-318-2016 DE Sala Regional Toluca, 4 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 664778445

Sentencia nº ST-JDC-318-2016 DE Sala Regional Toluca, 4 de Noviembre de 2016

Ponente:ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ.
Actor:JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, CLAUDIA IVONNE OCHOA AYALA
Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2016
Emisor:Sala Regional Toluca
Entidad:MICHOACÁN
Tipo de proceso:Juicio para la protección de los derechos jurídico electorales
RESUMEN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO. EXPEDIENTE: ST-JDC-318/2016.

 
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ST-JDC-0318-2016

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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. EXPEDIENTE: ST-JDC-318/2016. PARTE ACTORA: JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES Y CLAUDIA IVONNE OCHOA AYALA. RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. TERCEROS INTERESADOS: JUDÁ ASER VÁZQUEZ HERNÁNDEZ Y BRENDA GARNICA MEZA. MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ. SECRETARIO: AMADO ANDRÉS LOZANO BAUTISTA[1].

Toluca de Lerdo,

Estado de México, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

VISTOS

para resolver los autos del juicio ciudadano identificado con la clave

ST-JDC-318/2016, promovido por José

Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala quienes se ostentan como candidatos a la Dirigencia Estatal en Michoacán de la Asociación Civil “Red de Jóvenes x México” (antes Frente Juvenil Revolucionario)[2], organización nacional del Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, en el expediente TEEM-JDC-046/2016; y,

[1]

Colaboró Alejandra Vázquez Alanis, profesional operativo adscrita a la ponencia.

[2]

En términos del artículo quinto transitorio de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional todas las referencias al Frente Juvenil Revolucionario se entienden hechas a la “Organización Priísta Red de Jóvenes x México”.

 

R E S U L T A N D O

  1. Antecedentes.

    De la narración de hechos que la parte actora hace en su escrito de demanda, así

    como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes:

    1. Convocatoria.

      El veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, el Comité Ejecutivo Nacional de la

      “Red de Jóvenes x México”, emitió convocatoria para la elección de la Dirigencia Estatal de esa organización en el Estado de Michoacán, para el período

      2016-2020.

    2. Dictámenes de registro de candidatos y validez de la elección.

      El diecisiete de abril de dos mil dieciséis, se dictaminó la improcedencia de los registros de las fórmulas integradas por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza; y procedente la fórmula integrada por José Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala; asimismo, por tratarse de una planilla única se declaró la validez de la elección de la última de las fórmulas mencionadas.

    3. Medio de impugnación local.

      El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, los ciudadanos Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, presentaron de forma directa ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la vía

      per saltum, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del ámbito local, a fin de impugnar los dictámenes de improcedencia de registro y de validez del proceso electivo.

    4. Reencauzamiento a la instancia partidaria.

      El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán decidió desestimar el salto de instancia planteado y determinó

      reencauzar los medios impugnativos a la instancia de justicia de la organización juvenil Red de Jóvenes x México.

    5. Resolución de la instancia de justicia de la organización juvenil.

      El cinco de junio de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de Justicia de la Red de Jóvenes x México, resolvió los expedientes CNJRJXM-RI-01/2016 y sus acumulados CNJRJXM-RI-02/2016 y CNJRJXM-RI-03/2016, en el sentido de confirmar los dictámenes de no procedencia de registro de las fórmulas integradas por Judá

      Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, así como de Marisol Aguilar Aguilar y J. Reyes Galindo Pedraza; y confirmó la procedencia del registro de la fórmula integrada por José Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala.

    6. Primer medio de impugnación local.

      El trece de junio de dos mil dieciséis, los ciudadanos Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, interpusieron demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del ámbito local, ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que motivó la integración del expediente TEEM-JDC-036/2016.

    7. Resolución del ámbito local.

      El once de julio de dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió sentencia en el sentido de ordenar la reposición del procedimiento de elección de la Presidencia y Secretaría General de la Dirigencia Estatal de la organización nacional del Partido Revolucionario Institucional Red de Jóvenes x México, para el período estatutario 2016-2020.

    8. Emisión de nuevos dictámenes de registro.

      El veintidós de julio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la sentencia dictada por el tribunal local, la Comisión Nacional de Procesos Internos de la Red de Jóvenes x México emitió nuevos dictámenes en los que determinó la improcedencia de registro de los ciudadanos Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza.

    9. Recurso de inconformidad.

      El treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza promovieron recurso de inconformidad a fin de controvertir el dictamen de improcedencia de su registro.

    10. Resolución de la instancia de justicia de la organización juvenil.

      El doce de septiembre de dos mil dieciséis, la Comisión Nacional de Justicia de la organización nacional del Partido Revolucionario Institucional Red de Jóvenes x México, determinó desechar por extemporáneo el medio de impugnación promovido.

    11. Segundo medio de impugnación local.

      El diecisiete de septiembre de dos mil dieciséis, Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del ámbito local, a fin de controvertir el desechamiento decidido en la instancia de justicia al interior de la organización juvenil, que motivó la integración del expediente TEEM-JDC-046/2016.

    12. Resolución impugnada.

      El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió resolución en el expediente TEEM-JDC-046/2016, en el sentido de revocar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia de la Red de Jóvenes x México en el expediente con clave de identificación CNJRJXM-RI-04/2016, ordenando conocer el fondo del recurso de inconformidad partidista.

  2. Juicio de revisión constitucional.

    Inconformes con la sentencia antes precisada, el uno de octubre de dos mil dieciséis, los ciudadanos José Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala promovieron juicio de revisión constitucional electoral a fin de controvertir la sentencia dictada por el tribunal local.

  3. Recepción de medio de impugnación.

    El dos de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el oficio número TEEM-SGA-1756/2016, mediante la cual la Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán remitió la demanda, informe circunstanciado y demás anexos relacionados con el medio de impugnación.

  4. Acuerdo de turno a ponencia.

    En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó

    integrar el expediente ST-JRC-73/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Alejandro David Avante Juárez, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

    Tal determinación fue cumplida por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional mediante el oficio TEPJF-ST-SGA-1939/16, emitido en la misma data.

  5. Acuerdo de Sala.

    El seis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno de esta Sala Regional acordó

    reconducir la vía impugnativa a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por ser el cauce procesal idóneo para sustanciar y resolver el medio de impugnación promovido por los ciudadanos José

    Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala.

  6. Acuerdo de turno a ponencia.

    El seis de octubre de esta anualidad, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional acordó integrar el expediente ST-JDC-318/2016 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Alejandro David Avante Juárez, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplimentó en la misma fecha por el Secretario General de Acuerdos de este

    órgano jurisdiccional mediante oficio TEPJF-ST-SGA-1956/16.[3]

    [3]

    Fojas 24 y 25 del cuaderno principal del expediente ST-JDC-101/2016.

  7. Acuerdo de radicación y admisión.

    Por acuerdo de seis de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor acordó la radicación en su ponencia, así como la admisión a trámite de la demanda del expediente del juicio ciudadano al rubro indicado.

  8. Cierre de instrucción.

    En su oportunidad, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia; y,

    C O N S I D E R A N D O

    PRIMERO. Competencia y jurisdicción.

    Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción II, 184, 185 y 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero, 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

    3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 6, párrafo 1, 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por ciudadanos, quienes aducen la violación a su derecho a ser votados, derivado una resolución dictada por un tribunal electoral local que determinó revocar una determinación de justicia interna en el marco de un proceso electivo para la renovación de la Dirigencia Estatal de la organización juvenil de un partido político nacional en Michoacán; entidad federativa que se encuentra dentro del territorio de la circunscripción donde esta Sala ejerce jurisdicción.

    SEGUNDO. Terceros interesados.

    En el caso, es de reconocer tal calidad a los ciudadanos Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, toda vez que en su escrito se hace constar el nombre de los terceros interesados, nombre y firma autógrafa de los comparecientes, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

    Asimismo, su comparecencia fue oportuna, pues el plazo de publicitación transcurrió de las (15:30) quince horas con treinta minutos del uno de octubre de dos mil dieciséis a las mismas horas del cuatro de octubre siguiente, como se desprende de la cédula de fijación en estrados agregada a foja 74 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa, mientras que el escrito de comparecencia fue presentado a las (15:18) quince horas con dieciocho minutos del uno de octubre de esta anualidad, según se advierte de la impresión del sello de acuse de recibo visible a foja 78 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa, así como de la propia razón de retiro y la certificación correspondiente que obran agregadas a fojas 75 y 76 del cuaderno principal de este expediente, por lo que la comparecencia se realizó dentro del plazo de publicitación correspondiente.

    Finalmente, este órgano jurisdiccional estima que los ciudadanos Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza están legitimados para comparecer al presente juicio, en virtud de que cuentan con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretenden los accionantes, ya que los precitados ciudadanos fueron quienes instaron como parte actora el juicio ciudadano del ámbito local al que le recayó la resolución judicial que en esta instancia de justicia constitucional electoral se impugna.

    TERCERO. Requisitos de procedencia.

    En el presente juicio se cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia, previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 13, 79, 80 y 81 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

    Requisitos generales.

    1. Forma.

      El escrito inicial del presente juicio se presentó por escrito y en él consta el nombre y firma de los actores, quienes promueven por su propio derecho; se identifica el acto impugnado y a la responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

    2. Oportunidad.

      El requisito relativo a la oportunidad se tiene por cumplido, en tanto que la resolución aquí impugnada fue dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, y la misma fue notificada a los ciudadanos José Humberto Martínez Morales y Claudia Ivonne Ochoa Ayala los días veintisiete y veintiocho de septiembre siguientes, respectivamente, según se puede apreciar de las propias cédulas de notificación personal que obran visibles a fojas 156 y 163, en su orden, del cuaderno accesorio uno del expediente en el que se actúa.

      El presente medio de impugnación se encuentra relacionado con un proceso electivo de una organización nacional del Partido Revolucionario Institucional, respecto de la cual conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento de Medios de Impugnación y Procedimientos Administrativos de la Red Jóvenes x México, durante los procesos de elección de sus dirigencias todos los días y horas son hábiles, por lo que el plazo de impugnación debe ser contabilizado en días naturales. Cobra aplicabilidad, el criterio contenido en la jurisprudencia

      18/2012[4], por identidad de razón, cuyo rubro dice:

      “PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE TODOS LOS DÍAS

      COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ SE PREVEA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN

      PARTIDIARIA (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA)”.

      [4]

      Consultable en las páginas 521 y 522, de la

      “Compilación 1997-2013,

      Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, Jurisprudencia, editada por este Tribunal Electoral.

      En tal virtud, el plazo de cuatro días previsto por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para interponer el medio de impugnación transcurrió los días veintiocho, veintinueve, treinta de septiembre y uno de octubre de este año para el ciudadano José

      Humberto Martínez Morales y los días veintinueve y treinta de septiembre, así

      como uno y dos de octubre, todos de esta anualidad 

      para la ciudadana Claudia Ivonne Ochoa Ayala, mientras que el escrito de demanda respectivo fue interpuesto el uno de octubre de dos mil dieciséis, como se puede apreciar en el sello de acuse de recibo impreso en la primera hoja de la demanda visible en la foja 10 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa, esto es, dentro del plazo impugnativo para hacerlo.

    3. Legitimación.

      El presente medio de impugnación fue promovido por parte legítima, conforme lo previsto por los artículos 13, párrafo 1, inciso b), y 79 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el juicio lo promueven ciudadanos por sí mismos y en forma individual, en su carácter de militante y precandidatos de la organización juvenil un partido político nacional, en contra de la resolución judicial dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que determinó revocar la resolución emitida por la instancia de justicia interna relacionada con el proceso electivo para la renovación de la Dirigencia Estatal de la organización “Red de Jóvenes x México”, en Michoacán, ya que la parte actora estima que no debió revocarse el desechamiento por extemporaneidad decretado en la instancia intrapartidista.

      Requisitos especiales.

    4. Violación de derechos político-electorales.

      De la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte actora argumenta que la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán viola su derecho fundamental a ser votado, en vertiente de participación en la renovación de organizaciones internas de un partido político nacional, en virtud de que estima ilegal la determinación por la cual se decidió revocar el desechamiento decretado en la instancia de justicia interna vinculada con la elección de la Dirigencia Estatal de la organización “Red de Jóvenes x México”

      en Michoacán.

    5. Definitividad.

      Se satisface este requisito de procedencia, en tanto que en el ámbito local, no existe medio de impugnación a través del cual cuestionar la decisión judicial emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, lo que evidencia el carácter de definitivo de dicha resolución.

      Con base en lo anterior, al no hacerse valer ni apreciarse de oficio la actualización de alguna causal de improcedencia, y al quedar acreditado que en el caso se cumplen los requisitos de procedibilidad, procede realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

      CUARTO. Resolución impugnada.

      La resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

      El tribunal local decidió que existió una indebida fundamentación y motivación de determinar el desechamiento de la demanda, pues estimó que la comisión interna de justicia se limitó a razonar que no existía medio probatorio con el cual se hubiera acreditado la necesidad de presentar el recurso ante autoridad diversa de la responsable.

      Lo indebido de la determinación impugnada se derivó de la obligación que tenía la Comisión Nacional de Justicia de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia intrapartidaria en razón de que de las constancias probatorias y del contenido de la demanda contenían indicios de un contexto extraordinario que obligó a los justiciables a presentar el recurso intrapartidario ante autoridad distinta al órgano auxiliar conductor del proceso electivo partidario.

      Asimismo, razonó que el órgano de justicia partidaria omitió llevar a cabo diligencia alguna, a fin de descartar una posible omisión por parte de la autoridad auxiliar, como lo hubiera sido requerir al Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos en el Estado de Michoacán, para que le acreditará si hubo personal laborando en sus oficinas el domingo treinta y uno de julio del presente año, o alguna certificación de la no interposición del recurso, que ordinariamente se levanta al fenecer los plazos para la interposición de los medios de impugnación en la materia.

      Por el contrario, determinó que de las constancias relativas a la remisión del recurso de inconformidad a la Comisión Nacional de Justicia de la Red Jóvenes x México le permitían inferir, por un lado la certeza que tenían Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza de que la presentación debía verificarse ante la instancia partidista, pero en algún momento, previamente a su presentación se vieron obligados a generar una segunda comunicación dirigida al tribunal responsable con la única finalidad expresa de que se recibiera el medio intrapartidista y se reenviara al órgano auxiliar, para evitar su interposición fuera del plazo legal.

      En ese orden de ideas, el tribunal responsable argumentó que al no existir prueba, ni indicio en contrario, debía concluirse como verdadera la alegación de los justiciables en torno a que efectivamente estaban cerradas las oficinas del

      órgano auxiliar a la fecha de la conclusión del plazo impugnativo, cuando Judá

      Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza intentaron presentar su medio de impugnación, lo que los obligó a acudir al tribunal responsable.

      Ante tales circunstancias, la responsable consideró que al acudir los justiciables ante el tribunal local dentro del plazo legalmente permitido, y haberse remitido el medio impugnativo al Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, al siguiente día, derivado de una situación irregular planteada por el hecho de haber encontrado cerradas las oficinas del órgano responsable, sin que se hubiera realizado algún requerimiento al órgano auxiliar para que informará sobre tal situación, era claro que la instancia partidaria no había garantizado el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, frente a un caso de excepción.

      Con base a tales motivos, el tribunal responsable concluyó que era ilegal la determinación de la Comisión Nacional de Justicia de la organización Red de Jóvenes x México, en cuanto a decidir el desechamiento del recurso de inconformidad intrapartidario.

      Para robustecer su criterio, el tribunal responsable invocó las jurisprudencias de rubro: "DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. DEBE

      CONSIDERARSE VÁLIDA CUANDO EXISTEN SITUACIONES IRREGULARES QUE ASÍ LO

      JUSTIFIQUEN" y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN

      OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

      FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO."

      Entonces, ante las particularidades del caso, el tribunal responsable consideró 

      satisfecho el requisito de procedibilidad relativo a la oportunidad en la presentación de la demanda del medio impugnativo partidario, con lo que estimó

      se garantizó el derecho fundamental de acceso a la justicia interna por parte de los entonces actores, por lo que decidió revocar la sentencia dictada por la Comisión Nacional de Justicia de la Red Jóvenes X

      México para efectos de que esta admitiera la demanda, decretara el cierre de instrucción y resolviera lo que estimara procedente, respecto de la controversia planteada por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza en la demanda del recurso de inconformidad CNJRJXM-RI-04/2016.

      Finalmente, en relación a la pretensión de los entonces actores relativa a que el tribunal responsable resolviera en plenitud de jurisdicción la controversia de fondo planteada en la instancia de justicia interna, decidió que tal cuestión era improcedente, para lo cual razonó que debía prevalecer el derecho de autodeterminación y organización de los partidos políticos, motivo por el cual debía privilegiarse la resolución de las controversias intrapartidistas al interior de las instancias naturales y primarias de los institutos políticos.

      QUINTO. Estudio de fondo.

      Previo al análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos, debe precisarse que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional al resolver los medios de defensa establecidos en la propia ley, entre los que se encuentra el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con las excepciones que expresamente se consignan.

      Los accionantes pretenden, de forma directa e inmediata, que esta Sala Regional revoque la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán por la que resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local con clave de identificación TEEM-JDC-046/2016.

      Su causa de pedir deriva de que, a su decir, el tribunal local invirtió las cargas de la prueba, en tanto que los actores de la instancia de justicia interna debían demostrar que no pudieron presentar el medio impugnativo directamente ante el órgano partidista y que al no haberlo hecho así, debió

      confirmarse la decisión del órgano de justicia de desechar el recurso de inconformidad por extemporáneo.

      Así, la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si la resolución judicial emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se encuentra ajustada a derecho en cuanto a resolver revocar el desechamiento decretado en la instancia de justicia interna o, si como lo afirman los accionantes, debió confirmarse la resolución intrapartidista en cuanto a considerar acreditada la extemporaneidad en la presentación del recurso de inconformidad primigenio.

      Esta Sala Regional considera INFUNDADOS

      e INSUFICIENTES los agravios hechos valer por los accionantes, de acuerdo a las razones que a continuación se explican.

      i.               

      Reforma constitucional en materia de derechos humanos y derecho fundamental de acceso a la justicia.

      El nuevo paradigma constitucional y judicial en materia de derechos humanos comprende dos momentos básicos: el primero la reforma constitucional[5]

      y el segundo, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en el expediente Varios 912/2010[6], pues la conjunción de ambas situaciones ha llevado al advenimiento de un nuevo paradigma en la impartición de justicia, lo que ha implicado replantear muchos valores asumidos, que incluye los criterios judiciales que orientan la decisión de las controversias, pues ahora deben ser vistos desde una nueva óptica, en clave de derechos humanos.

      [5]

      Reforma constitucional de diez de junio de dos mil once.

      [6]

      Expediente Varios 912/2010, fallado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de julio de dos mil once.

      Bajo este nuevo escenario, los Jueces están obligados a preferir la aplicación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, aun y a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma interior y a buscar la mayor optimización del ejercicio de los derechos o, en su caso, decantarse por aquellas interpretaciones de las normas que sean más favorables, optimicen y potencialicen la protección de los derechos humanos.

       Así, si bien los Jueces forman parte de un sistema judicial que tiene el deber de resguardar el principio de constitucionalidad y legalidad en los asuntos que les son sometidos a su conocimiento, tal deber pasa por el crisol de respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas, de ahí que deba procurarse una aplicación no acrítica ni automática de los dispositivos legales, lo que conlleva un entendimiento y alcance distinto del principio de legalidad, pues en este paradigma siempre ha de ponderarse y justificarse el criterio, favoreciendo la aplicación e interpretación de la norma más favorable a la persona.

      El derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, comprende la garantía de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; en este sentido, se prevé la obligación del Estado de administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

      La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que este precepto garantiza el derecho del individuo de acceder a la justicia, el cual se traduce correlativamente en la obligación que tiene el Estado de instituir la administración de justicia como servicio público, cuyo acceso debe estar, en la medida de lo posible, libre de obstáculos innecesarios que hagan nugatorio tal derecho, debiendo enfatizarse que el indicado precepto previó, categóricamente, que la justicia debe impartirse en los términos y plazos que fijen las leyes, de tal manera que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece, pues se trata de un derecho de configuración legal que no puede ejercerse al margen de los medios de defensa y procedimientos legalmente señalados.

      [7]

      [7]

      Véanse la jurisprudencia y la tesis aislada con claves de identificación

      1. /J. 42/2007 y 1a.LXXIV/2013 (10ª.),

      con números de registro 172759 y 2003018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena y Décima Épocas, en Materia Constitucional, respectivamente, con los rubros siguientes:

      "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL

      PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

      MEXICANOS. SUS ALCANCES" y

      “DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS”. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, de Abril de 2007, p. 124 y Libro XVIII, Tomo 1, de Marzo de 2013, p. 882, en su orden.

      A su vez, dicho derecho encuentra completa integración como garantía de seguridad jurídica en lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece el derecho de los gobernados a contar con un debido proceso legal y ejercer la garantía de audiencia prevista a su favor para la defensa de sus intereses.

      La Corte ha explicado que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto o ilimitado y comprende la correlativa carga para los gobernados y justiciables de ejercitarlo por las vías y cauces establecidos en la ley, previo cumplimiento de los requisitos procesales como elementos indispensables para obtener una resolución de fondo y, de ser el caso, la tutela del Estado.

      Así, en el ejercicio de este derecho, es necesario que los ciudadanos cumplan con normas procedimentales, que se traducen en requisitos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de los medios impugnativos, como son plazos de impugnación y requisitos formales para interponer la demanda, reglas para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, pues estos son instrumentales para que los tribunales estén en posibilidades de concluir de forma ordenada, viable y definitiva las controversias sometidas a su conocimiento. Tales reglas deben constituir cargas procesales razonables para que los gobernados puedan hacer valer sus derechos ante los órganos encargados de impartición de justicia y, en contraparte, los Jueces deben aplicar las normas procesales en el sentido que siempre sea más favorable a la protección de los derechos humanos de las personas.

      [8]

      Esta nueva lectura implica en la labor del Juzgador que, para que los plazos, requisitos y condiciones puedan ser válidamente oponibles a los gobernados como sustento de una determinación denegatoria de acceso a la justicia (desechamiento o sobreseimiento), es indispensable que dichas normas procedimentales se encuentren previstas en ley con anterioridad a la existencia del litigio, por tratarse de normas restrictivas de derechos. Asimismo, por estas mismas razones, es indispensable que los tribunales al aplicarlas verifiquen la exacta actualización del supuesto normativo que impide la procedencia de la acción ejercitada o del medio impugnativo interpuesto, de tal suerte, que se encuentre demostrado fehacientemente que tal hipótesis legal resulta aplicable al caso concreto. De no ser así se estará ante una determinación judicial denegatoria de acceso a la justicia apartada de la Constitucionalidad y la Ley.

      [9]

      [8]

      Véanse las tesis antes referidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y además, en este mismo sentido, véase la tesis aislada XI.1o.A.T.3K

      (10a.), con número de registro 2001550, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, en Materia Constitucional, con el rubro:

      “ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO

      LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS

      PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO

      DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO”. Fuente:

      Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 3, de Septiembre de 2012, p. 1494.

      [9]

      Véanse la jurisprudencia y la tesis aislada con claves de identificación

      1a./J. 14/2012 (9a.) y

      1a. LV/2004, con números de registro 160015 y 181626, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima y Novena Épocas, en Materias Constitucional y Común, con los rubros:

      “ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE

      IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE

      ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL

      LEGISLADOR” y “ACCESO A LA

      JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL

      EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES”.

      Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 1, de Agosto de 2012, p. 62; y Tomo XIX, de Mayo de 2004, p. 511, en su orden.

      En efecto, esta Sala Regional ha considerado que a quien acude a los tribunales con una demanda de justicia no se le pueden imponer obstáculos procesales que no se encuentren previstos en ley expedida con anterioridad a la existencia de los hechos litigiosos; que, además, no sean razonables o que no resulten exactamente aplicables al caso concreto, pues ello sería violatorio del derecho de acceso a la justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto garantías de los justiciables para acceder a los cauces legales para poder ser escuchado ante los tribunales estatales y, de ser el caso, obtener la tutela del Estado mediante el dictado de una sentencia favorable a sus intereses.

      Los anteriores elementos, son igualmente aplicables para los órganos de justicia de los partidos políticos, en cuanto a que en el régimen interno de los institutos políticos actúan como órganos impartidores de justicia que velan por la resolución de los conflictos y diferencias emanados de la vida política interna de dichas asociaciones.

      ii.               

      Caso concreto.

      Los accionantes, como se precisó en la sinopsis de agravios, se duelen esencialmente de que el tribunal local vulneró el principio de legalidad porque a su parecer inaplicó los dispositivos que establecen las reglas de la carga de la prueba, porque a su decir los entonces actores tenían la carga de demostrar su dicho en cuanto a no haberse encontrado en aptitud de presentar su medio impugnativo de forma directa ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos y al no haberlo hecho así, consideran que debió confirmarse el desechamiento decidido por el órgano de justicia interna.

      En primer orden, no les asiste la razón a los actores cuando pretenden imputarle al tribunal local que realizó una inaplicación de normas, pues en su resolución no existió un control de convencionalidad o constitucionalidad que determinara la necesidad de realizar un test de proporcionalidad de las normas dispuestas en los artículos 38 del Reglamento de Medios de Impugnación y Procedimientos Administrativos de la organización Red de Jóvenes x México, así como de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo y, por ende, lo ahí

      resuelto no involucró la inaplicación concreta de las normas contenidas en los precitados dispositivos legales y reglamentarios.

      En el caso, el tribunal local al resolver la controversia se vio obligado a verificar si el hecho de que el recurso de inconformidad intrapartidario no se había presentado de forma directa ante el órgano auxiliar y, su posterior, repercusión en su recepción extemporánea ante la responsable eran elementos suficientes para considerar que se cumplían los extremos normativos para desechar el medio de impugnación.

      En estas condiciones y a la luz del nuevo paradigma judicial en materia de derechos humanos es evidente que el tribunal local para la resolución de la controversia se encontró obligado a revisar que la decisión del órgano de justicia interna atendiera a lo más favorable a la persona, esto es, verificar que el desechamiento del medio de defensa, por corresponder a una determinación restrictiva del derecho fundamental de acceso a la justicia, justificara correctamente que las condiciones de interposición del recurso de inconformidad no ofrecían una solución jurídica que optimizara el acceso a la justicia, que no implicara desatender las cargas procesales que tenían los entonces actores respecto a la oportunidad en el ejercicio de la acción.

      En este aspecto, los plazos como condiciones de procedibilidad de los medios impugnativos establecen límites temporales a los justiciables para poder ejercitar los medios de defensa que tienen a su alcance, a la vez que fijan los tiempos con los que cuentan para poder instar la intervención de los órganos de impartición de justicia en el conocimiento, sustanciación y resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento. De esta forma, los plazos impugnativos deben constituir cargas razonables que no impliquen la inoperatividad material de los medios de defensa, material o jurídicamente, y los cuales deben garantizar el principio de equidad procesal.

      Así, eximir a los justiciables ilegalmente de las cargas procesales relativas a la oportunidad en la interposición de los medios impugnativos conlleva otorgar mayores oportunidades para la construcción de los argumentos de defensa y el mejoramiento del medio de impugnativo en contravención de la principio de seguridad jurídica y el correlativo a la equidad procesal que debe imperar en todo sistema jurídico. Pero en contraparte, el operador jurídico tiene el deber de verificar que las condiciones de aplicabilidad de la norma procesal no conlleven una vulneración a los derechos humanos de la persona, por no ser razonable la actualización del supuesto de aplicabilidad de la norma que sustenta la denegatoria de acceso a la justicia ante elementos específicos.

      En el caso, el tribunal local ponderó que el plazo impugnativo vencía el domingo treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, y que si bien el recurso de inconformidad intrapartidista se presentó ante una autoridad diversa de la responsable, como fue el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, tales circunstancias no debían repercutir en una decisión denegatoria de acceso a la justicia, porque al haberse realizado la presentación en el tribunal y haberse argumentado en el libelo de demanda que se había acudido ante el órgano de justicia interna y que encontraron cerradas la oficina y que no habían logrado comunicación con sus miembros, constituían elementos indicativos de que los justiciables desplegaron actos tendentes a presentar oportunamente el medio impugnativo.

      Así, el tribunal local privilegió el hecho de que el medio de defensa se presentó dentro del plazo legal, a pesar de que ello implicara soslayar que se realizó ante una autoridad distinta a la responsable, pues consideró que los alegatos contenidos en la demanda primigenia eran datos suficientes y creíbles de que los accionantes procuraron promover el recurso de inconformidad directamente ante la responsable.

      En esa línea argumentativa es claro que la decisión adoptada por el tribunal local no vulnera el principio de legalidad, pues su motivación lo que evidencia es que encontró información suficiente para considerar que la resolución de desechamiento emitida por el órgano de justicia interna no se ajustaba a los cánones más favorables al derecho de acceso a la justicia de los entonces actores.

      En efecto, en el asunto lo relevante deriva de que los entonces actores presentaron su medio de impugnación dentro del plazo legal que prevé la normativa interna de la organización Red de Jóvenes x México, pero lo hicieron ante una autoridad distinta y ello desencadenó que a la fecha de recepción por el órgano responsable éste resultara extemporáneo, por lo que debe privilegiarse la optimización del derecho de acceso a la justicia, en tanto que la decisión de revocar el desechamiento no suponía una vulneración al principio de seguridad jurídica y tampoco implicaba eximir a los justiciables de las cargas procesales relativas a la presentación del medio de impugnación.

      Ello es así, en tanto que, se insiste, la demanda respectiva sí se presentó

      dentro del plazo previsto por el Reglamento de Medios de Impugnación y Procedimientos Administrativos de la organización Red de Jóvenes x México – a las 15:35 horas del 31 de julio de 2016 –, esto es, su interposición ante una autoridad distinta no implicó una vulneración al principio de seguridad jurídica o a la equidad procesal entre las partes, en tanto que no supuso una mayor oportunidad o ventaja procesal para el mejoramiento del medio impugnativo ni una desigualdad de armas ante sus contrapartes en el conflicto jurídico –la contraparte estuvo en aptitud de comparecer como tercero interesado y así lo hizo–, máxime que la autoridad judicial que lo recibió forma parte de la cadena impugnativa natural del conflicto electoral planteado.

      Y, por otra parte, como lo afirmó el tribunal local en su resolución, el órgano de justicia interna al rendir su informe circunstanciado estaba compelido a justificar y argumentar lo cierto o no de las afirmaciones de los entonces accionantes en torno a que se encontraron cerradas las oficinas de la responsable en la instancia partidaria ante las manifestaciones expresas de los justiciables de tales circunstancias. Esto porque el informe circunstanciado es el instrumento jurídico por el cual se proporciona los datos de cualquier circunstancias inherente a la controversia planteada que no pueda ser deducida del acto o resolución que contiene la decisión que se reclama y, por ende, al no haberlo hecho así, la lógica jurídica apuntaba a que el tribunal local tomara por ciertas las alegaciones de tal eventualidad.

      En razón de lo expuesto, se considera que el tribunal local no incurrió en una inversión de las cargas de prueba, pues en ningún momento eximió a los accionantes de tal carga sino que lo que realizó fue una ponderación de todos los elementos y condiciones que acompañaron la presentación del recurso de inconformidad intrapartidario para concluir que el desechamiento del medio impugnativo constituía una medida desproporcional e ilegal, por existir condiciones para sostener la presentación ante una autoridad distinta no eran elementos suficientes para determinar la denegación al derecho de acceso a la justicia, pues actuó privilegiando el precitado derecho fundamental teniendo como referente el hecho de que el medio de impugnación se presentó dentro del plazo impugnativo.

       En relación a los alegatos en torno a que los diversos criterios jurisprudenciales y precedentes invocados por el tribunal local no eran exactamente aplicables al asunto, si bien es cierto que existían elementos diferenciadores entre los asuntos que dieron lugar a las jurisprudencias, así como en los precedentes respecto de la controversia decidida en la instancia local, lo cierto es que tales elementos no trascienden al fallo ni son suficientes para la revocar la resolución impugnada, pues conforme a lo antes apuntado, la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se encuentra ajustada a los parámetros de constitucionalidad y legalidad exigibles para los actos y resoluciones en materia electoral, por advertirse que tal solución jurídica fue más favorecedora al derecho de acceso a la justicia de los entonces actos y, por lo antes dicho, no constituía una contravención a los principios de seguridad jurídica y equidad procesal.

      Por cuanto hace a los argumentos dirigidos a sostener que los entonces actores Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Maza de manera sistemática en otras ocasiones habían presentado siempre sus medios de impugnación intrapartidarios ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, tampoco trascienden para generar una revocación o modificación de lo resuelto en la instancia de origen, en tanto que el conflicto planteado se circunscribía a un litigio concreto, por lo cual no integraba analizar o considerar lo que pudo ocurrir en otras ocasiones y, por ende, tales circunstancias correspondían a elementos ajenos a la litis que no podían influir ni repercutir en el sentido del fallo.

      En cuanto a la afirmación de los accionantes de que el tribunal local debió

      señalar que se interrumpía el plazo de impugnación al remitir el recurso de inconformidad que no le era propio, tal apreciación resulta inexacta, en virtud de que acorde a lo dispuesto por el artículo 23, inciso b), de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, el tribunal solo estaba obligado a remitir de inmediato y sin dilación alguna la demanda del recurso de inconformidad intrapartidario al

      órgano competente de tramitarlo, como al efecto aconteció.

      Además, suponer que el tribunal local debía realizar algún pronunciamiento sobre la interrupción del plazo al remitir el medio impugnativo que no le era propio, implicaba realizar un prejuzgamiento de la procedibilidad de dicho medio de defensa y más aún, suponía invadir la libertad de jurisdicción del órgano de justicia interna de la organización Red de Jóvenes x México, de ahí lo inexacto de la apreciación jurídica que respecto a ello hacen los impetrantes.

      Tampoco le asiste la razón a los actores cuando aducen que existió falta al principio de congruencia por estimar que si los entonces actores no acompañaron elementos para acreditar su dicho de que se encontraban cerradas las instalaciones del órgano auxiliar debió confirmarse el desechamiento, pues acorde a lo aquí explicado el tribunal local lo que hizo fue ponderar y analizar las condiciones que rodeaban el hecho de que la demanda se hubiera interpuesto ante una autoridad distinta de la responsable, para concluir que, en el caso concreto, tales circunstancias no eran suficientes para sostener una determinación restrictiva de derechos en cuanto a ser denegatoria de acceso a la justicia.

      En otro aspecto, aunque les asiste la razón a los accionantes en cuanto a que el tribunal local no fue exhaustivo porque no tomó en cuenta las pruebas postuladas en su escrito de comparecencia con las que pretendieron evidenciar que las oficinas del órgano auxiliar sí estuvieron abiertas el día treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, lo cierto es que tal alegado es

      INSUFICIENTE para acoger su pretensión de revocar la resolución impugnada.

      Ello es así, en tanto que de la revisión de las constancias probatorias que obran agregadas al sumario se desprende que a foja 586 del cuaderno accesorio tres del expediente del expediente en el que se actúa, se desprende que el acuse de recibo de la promoción aparece la fecha “3/7/2016”, tres de julio de dos mil dieciséis, por lo que no es conducente para acreditar que las oficinas del

      órgano auxiliar sí estuvieron abiertas en la fecha en que concluyó el plazo impugnativo de la instancia partidaria.

      Para una mejor apreciación de lo anterior, se inserta en imagen dicha constancia probatoria.

      (Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)

      Así, la insuficiencia del agravio planteado por los actores radica en que la prueba aportada por ellos no es conducente para demostrar que el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos de la organización Red de Jóvenes x México sí se hubiera encontrado funcionando en la fecha de conclusión del plazo impugnativo el treinta y uno de julio de dos mil dieciséis.

      Además, aun en el supuesto no acreditado de que así fuera, tales hechos tampoco serían suficientes para revocar la resolución emitida por el tribunal local, pues se insiste, prevalecerían las consideraciones que motivan la potencialización y protección del derecho fundamental de acceso a la justicia, en cuanto a que el medio impugnativo primigenio se presentó durante el plazo impugnativo previsto para ello y que el hecho de haberse realizado ante una autoridad distinta a la responsable no implicó una vulneración al principio de seguridad jurídica ni una ventaja indebida en favor de los justiciables –como hubiera sido el hecho de que contaran con una mayor oportunidad para mejorar el medio impugnativo y sus argumentos–. De ahí que tampoco trascenderían para lograr la revocación del fallo impugnado.

      Finalmente, esta Sala Regional advierte que el tribunal electoral local garantizó el derecho fundamental de acceso a la justicia de forma excepcional y en atención a las particularidades del presente caso a fin de determinar que la demanda promovida ante la instancia partidaria fue presentada de forma oportuna.

      Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, 25 y

      84, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

      R E S U E L V E

      ÚNICO.

      Se CONFIRMA la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local con clave de identificación TEEM-JDC-046/2016, en términos de las consideraciones contenidas en el considerando Quinto de esta sentencia.

      NOTIFÍQUESE

      personalmente a los accionantes y terceros interesados, adjuntando copia simple de este fallo; por oficio, al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; y por estrados, a las partes y demás interesados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27, 28, 29, párrafos 1 y 3,

      84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 94, 95, 98 y 99, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

      En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y remítase el expediente al Archivo Jurisdiccional de esta Sala Regional, como asunto concluido.

      Así, por UNANIMIDAD

      de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y DA FE. Rúbricas

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