Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0135-2019), 23-07-2019
| Número de expediente | SUP-JDC-0135-2019 |
| Fecha | 23 Julio 2019 |
| Tribunal de Origen | CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA |
| Tipo de proceso | Juicio para la protección de los derechos jurídico electorales |
| Emisor | Sala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México) |
ACUERDO DE SALA
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: SUP-JDC-135/2019
ACTOR: ERIKC SÁNCHEZ CORDOVA
ÓRGANO PARTIDISTA rESPONSABle: Consejo nacional DE MORENA
MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA
SECRETARIo: PEDRO BAUTISTA MARTÍNEZ
Ciudad de México, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.
Acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,[1] por el que se reencauza a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA la demanda presentada por Erikc Sánchez Cordova.
A N T E C E D E N T E S
1. Demanda. El tres de julio, el actor presentó ante el Consejo Nacional de MORENA, vía correo electrónico, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la convocatoria a sesión ordinaria del Consejo Nacional de MORENA, a celebrarse el siete de julio del año en curso.
2. Remisión y turno. El nueve de julio, se recibió la demanda y demás constancias en la Sala Superior. En consecuencia, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SUP-JDC-135/2019 y ordenó su turno a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[2]
3. Radicación y requerimiento. El doce de julio, el Magistrado Instructor radicó el presente asunto y realizó requerimiento a fin de contar con mayores elementos para tomar la decisión que en Derecho correspondiera.
El quince de julio siguiente la Presidenta del Consejo Nacional de MORENA dio contestación al mencionado requerimiento, remitiendo las constancias que obran en autos.
4. Escrito del actor. El dieciocho de julio del año en curso se recibió, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el escrito por medio del cual el actor anexa un ejemplar de su demanda con firma autógrafa.
C O N S I D E R A C I O N E S
Y
F U N D A M E N T O S J U R Í D I C O S
I. Actuación colegiada. La materia de la resolución que se emite compete a la Sala Superior actuando en forma colegiada, en términos del artículo 10, fracciones I, inciso b) y VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, así como de la jurisprudencia 11/99, de rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”.
Lo anterior, porque en el caso, la cuestión a dilucidar recae en el curso que debe dársele a la demanda presentada por el enjuiciante, considerando si existe o no el deber de agotar una instancia previa.
En este sentido, lo que al efecto se resuelva, no constituye un acuerdo de trámite, pues se trata de determinar la vía idónea para conocer, sustanciar y resolver el medio de impugnación, en consecuencia, debe estarse a la regla general contenida en el criterio jurisprudencial y, por consiguiente, resolverse por el Pleno de esta Sala Superior.
II. Reencauzamiento
Tesis de la decisión
Marco normativo
El artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que un medio de impugnación será improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva sin haber agotado las instancias previas establecidas en la normativa aplicable.
En concordancia, los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Federal; y, 79, párrafo 1; 80, párrafos 1, inciso f) y 2, de la Ley General de Medios, establecen que el juicio ciudadano sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y llevado a cabo las gestiones necesarias para ejercer el derecho que considera vulnerado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para ese efecto, es decir, cuando se haya cumplido con el principio de definitividad.
Esta Sala Superior ha sostenido que el principio de definitividad se cumple cuando se agotan previamente las instancias que reúnan las dos características siguientes: a) que sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el acto o resolución impugnada; y, b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular tales actos o resoluciones.
De esta manera, el artículo 47, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos dispone que: i) las controversias relacionados con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos; y ii) sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante este Tribunal Electoral.
Así, los institutos políticos gozan de la libertad de auto organización y auto determinación, por lo que cuentan con la facultad de resolver en tiempo los asuntos internos para la consecución de sus fines.
En condiciones ordinarias, se presume que las instancias, juicios o recursos partidistas o locales son instrumentos aptos para reparar adecuadamente las violaciones generadas por el acto o resolución cuestionada, e incluso regularmente permiten una mayor inmediatez entre los ciudadanos y el acceso a la justicia.
Asimismo, esta Sala Superior ha considerado que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito en cuestión.
Ello, sucede cuando el tiempo de tramitación y resolución de la impugnación partidista o legal, implique una merma considerable o la extinción de las pretensiones, efectos o consecuencias pedidas.
De manera que, por regla general, los ciudadanos que presentan una demanda deben agotar las instancias legales o partidistas previas al juicio ciudadano constitucional, por lo que el conocimiento directo y excepcional, per saltum, debe estar justificado.
Caso concreto
Improcedenc...
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